Por Ernesto Márquez Mora
Una familia recorre el supermercado, revisa el precio de los alimentos y calcula cuánto quedará para pagar el alquiler, el seguro médico y la gasolina. Esa escena, más que cualquier discurso de campaña, explica lo que está en juego el 3 de noviembre de 2026. Pero una elección no puede reducirse al precio de la compra semanal. También decide qué leyes se aprobarán, cómo se controlará al poder ejecutivo y qué país heredarán nuestros hijos.
Las elecciones de medio término no deberían convertirse únicamente en un plebiscito sobre Donald Trump. Los ciudadanos elegirán representantes y senadores que tendrán responsabilidades propias. La pregunta relevante no es solo si un elector aprueba o rechaza al presidente, sino qué espera de quienes legislan y fiscalizan su gobierno.
Economía: de las estadísticas a la mesa familiar
El crecimiento del producto interno bruto, el empleo y la inflación importan, pero no cuentan toda la historia. El votante debería preguntar si los salarios alcanzan para vivir, si la vivienda sigue siendo accesible y si una enfermedad puede desestabilizar las finanzas de una familia. También conviene examinar la deuda pública y la sostenibilidad de las promesas fiscales.
Una política puede producir beneficios inmediatos y costos futuros. Por eso no basta con escuchar que una administración creó empleos o redujo impuestos: importa para quién, durante cuánto tiempo y a qué costo. La responsabilidad electoral exige comparar propuestas concretas, sus fuentes de financiamiento y sus efectos previsibles.
Seguridad e inmigración: firmeza con garantías
Un país tiene el derecho y la obligación de proteger sus fronteras y hacer cumplir sus leyes. Sin embargo, la seguridad no se mide únicamente por el número de deportaciones. También debe evaluarse si las decisiones son legales, si se respeta el debido proceso y si quienes solicitan protección internacional reciben una oportunidad real de presentar sus casos.
Durante décadas, gobiernos demócratas y republicanos han quedado en deuda con Estados Unidos y con los inmigrantes. Han existido proyectos y negociaciones de reforma, pero no se ha aprobado una solución integral y duradera. El resultado es un sistema sobrecargado que perjudica a las comunidades, a los empleadores y a las propias instituciones.
El elector debería exigir propuestas verificables: procedimientos de asilo ágiles y justos, controles fronterizos eficaces, cumplimiento laboral y vías de regularización sujetas a criterios transparentes para personas con arraigo, antecedentes compatibles con la ley, responsabilidades familiares y contribuciones demostrables. No se trata de una regularización automática ni de premiar incumplimientos, sino de debatir una salida legislativa seria donde hoy predomina la improvisación.
Drogas: perseguir las redes y recuperar a las personas
El narcotráfico representa una amenaza real para la seguridad nacional. Combatir a las organizaciones criminales, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero es indispensable. Pero una estrategia concentrada exclusivamente en incautaciones y arrestos deja sin respuesta una pregunta decisiva: ¿qué ocurre con las personas que padecen trastornos por consumo de sustancias?
La adicción no desaparece con una operación policial. La prevención, el acceso a tratamiento basado en evidencia, la atención de salud mental, la recuperación sostenida y las oportunidades de vivienda y empleo deben formar parte de la política pública. Existen programas de tratamiento y recuperación, pero su disponibilidad y continuidad siguen siendo desiguales.
Antes de votar, el ciudadano debería preguntar a cada candidato qué propone para reducir las muertes por sobredosis, ampliar la atención y facilitar una reintegración social auténtica. Un país más seguro no es solo aquel que detiene traficantes: es también el que consigue que más personas recuperen su vida.
Instituciones: el poder también necesita límites
La Constitución no es un obstáculo para gobernar: es el marco que legitima el ejercicio del poder. El Congreso legisla, aprueba recursos y supervisa al Ejecutivo. Elegirlo únicamente para respaldar o castigar a un presidente empobrece su función.
El votante debería observar si los candidatos respetan las decisiones judiciales, aceptan la fiscalización, defienden la independencia institucional y están dispuestos a corregir errores de su propio partido. La lealtad política no debe sustituir el juicio crítico. Un Estado fuerte no es aquel cuyo gobierno carece de límites, sino aquel cuyas instituciones pueden actuar con eficacia dentro de la ley.
Política exterior y futuro nacional
La fortaleza de Estados Unidos también depende de su capacidad para disuadir amenazas, sostener alianzas, proteger intereses estratégicos y evitar conflictos innecesarios. La política exterior tiene efectos domésticos: influye en el comercio, los precios, la energía y la seguridad.
Conviene desconfiar tanto de las promesas de aislamiento sin costos como de las intervenciones sin objetivos definidos. Los candidatos deben explicar qué prioridades defenderán, qué recursos exigirán y cómo rendirán cuentas por sus decisiones.
Votar con criterio, no por inercia
La decisión electoral merece más que una reacción emocional, un eslogan o una identificación partidista. Antes de marcar la boleta, cada ciudadano puede hacerse preguntas sencillas: ¿mejorará esta propuesta mi vida y la de mi comunidad? ¿Es financieramente viable? ¿Protege la seguridad sin sacrificar derechos? ¿Fortalece las instituciones? ¿Ofrece soluciones sostenibles a problemas que llevamos décadas posponiendo?
Las elecciones de noviembre no resolverán por sí solas todas estas cuestiones. Pero pueden premiar la seriedad, exigir rendición de cuentas y recordar que el voto no es un cheque en blanco. La democracia se fortalece cuando el ciudadano deja de preguntar solamente quién debe ganar y empieza a preguntarse qué debe exigir a quien resulte elegido.
Sobre el autor
Ernesto Márquez Mora
Abogado, consultor político y profesor universitario con un máster en ciencias políticas. Director Ejecutivo / CEO de Civitas.