Colapso prematuro de la unidad TZ7 en Termozulia: crónica de una falla anunciada por transgresión de protocolos de ingeniería

Antecedentes y hechos

La Unidad 7 (TZ7), al igual que buena parte del parque de generación del Complejo Termoeléctrico General en Jefe Rafael Urdaneta (Termozulia), permaneció durante años en condición de prolongada indisponibilidad. Su reactivación fue objeto de reiteradas promesas y anuncios grandilocuentes por parte de las administraciones ministeriales de Néstor Reverol Torres y Jorge Márquez, sin que durante sus respectivas gestiones lograra sincronizarse al sistema de forma efectiva y sustentable.

Frente a la recurrente narrativa oficial que pretende justificar el colapso operativo bajo la premisa del bloqueo económico internacional, la realidad técnica en campo demuestra lo contrario: en los patios y almacenes de la planta yacían piezas, partes y repuestos críticos expuestos al deterioro por intemperie. Dichos componentes fueron adquiridos incluso antes de las actuaciones del Ing. Miguel Romero —quien fungió sucesivamente como Superintendente de Termozulia, Subcomisionado de Generación para la Región Zulia y posteriormente Gerente General de Generación de Corpoelec—. Desde esta última posición corporativa, Romero ejecutó el desvío hacia Termozulia de partes y repuestos asignados originalmente a otras centrales termoeléctricas del país, tras lo cual jamás existió una gestión técnica y gerencial estructurada, con rigor y voluntad real para arrancar y consolidar la unidad bajo estándares normados.

A inicios de octubre de 2026, las autoridades del sector eléctrico y del Ejecutivo regional realizaron un nuevo despliegue propagandístico anunciando la sincronización de TZ7 para aportar 150 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y mitigar el racionamiento eléctrico en el estado Zulia. Sin embargo, a escasos seis días de dicha sincronización, la unidad sufrió un disparo forzado y catastrófico. Las inspecciones no destructivas preliminares mediante boroscopia confirmaron daños severos en la sección caliente, focalizados en la segunda y tercera rueda de la turbina, obligando a su desarme completo y dejándola fuera de servicio por lo que resta del año 2026 y gran parte de 2027.

Contraste técnico: mala praxis operativa vs. rigor de la ingeniería

1. Origen de partes y repuestos. La práctica real evidencia canibalización indiscriminada de turbinas paralizadas en el interior del país, uso de componentes abandonados a la intemperie y ensamblaje híbrido sin trazabilidad de ciclos térmicos u horas equivalentes de operación (EOH). El protocolo normado exige trazabilidad y certificación del fabricante original (OEM), certificados de prueba de materiales (CMTR), preservación adecuada en almacén climatizado y verificación de tolerancias metalúrgicas.

2. Inspección de álabes usados. Se reinstalaron álabes y toberas usados sin ensayos metalúrgicos profundos para forzar un arranque mediático inmediato. La ingeniería de confiabilidad exige ensayos no destructivos exhaustivos: tintas penetrantes (PT), partículas magnéticas (MT), corrientes de Foucault (Eddy Current) y ultrasonido avanzado para descartar microfisuras por fatiga térmica y termofluencia (creep).

3. Sección caliente e intercambiabilidad. Se montó una tobera de segunda etapa importada sin compatibilidad dinámica integral con el tren rotativo existente. El protocolo requiere pruebas de ajuste térmico diferencial, verificación en el Diagrama de Campbell —frecuencias naturales— y balanceo dinámico de alta velocidad en búnker.

4. Puesta en marcha y pruebas. La sincronización y carga fueron forzadas en menos de 72 horas para actos políticos, prescindiendo de las curvas de calentamiento y estabilización. El comisionamiento estricto exige rampas graduales de temperatura, mapeo de combustión, monitoreo de firma espectral de vibraciones (ISO 10816-4) y una prueba de confiabilidad de 72 a 168 horas continuas a carga escalonada.

Impacto en el Sistema Eléctrico Nacional y responsabilidad técnica

• Profundización del déficit regional: la salida intempestiva de los 150 MW agudiza el déficit de potencia en la Costa Occidental del Lago, forzando la sobrecarga en las líneas de interconexión a 400 kV/230 kV desde Guayana y aumentando la vulnerabilidad ante contingencias de inestabilidad de tensión.
• Destrucción patrimonial: el desprendimiento o fractura interna en álabes y ruedas multiplica exponencialmente los costos de recuperación, inutilizando componentes que pudieron salvarse con un mantenimiento mayor planificado.
• Institucionalización del canibalismo: sustituir la ingeniería de confiabilidad por la improvisación desmantela activos en otras regiones del país sin resolver estructuralmente la generación termoeléctrica.

Exigencias y recomendaciones de RIPSENV

1. Auditoría pericial independiente: ejecutar una investigación metalúrgica y mecánica de causa raíz con participación de comités técnicos colegiados.
2. Cese inmediato de la canibalización: prohibir la instalación de componentes de sección caliente procedentes de desmantelamientos sin certificación de vida remanente en laboratorios acreditados.
3. Transparencia operativa: publicar el informe técnico y el registro fotográfico boroscópico que detalle la magnitud del daño en el rotor y diafragmas de TZ7.
4. Plan maestro integral de recuperación térmica: retomar la planificación técnica formal, respaldada por presupuestos auditables, repuestos certificados y el concurso del talento profesional capacitado.

Por la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela (RIPSENV):
Jorge Pérez
Director Fundador de RIPSENV