OPINIÓN · INMIGRACIÓN
Un sistema con 3,2 millones de casos pendientes y esperas de hasta doce años no es una crisis de fronteras: es una crisis de reforma. Un análisis republicano, personal y sin etiquetas sobre cuatro décadas de inacción.
La inmigración se ha convertido en uno de esos temas que parece imposible discutir sin que a uno lo etiqueten de inmediato. Si cuestionas las deportaciones masivas, eres de izquierda. Si defiendes el control fronterizo, eres antiinmigrante. Si criticas a Donald Trump, tienes que ser demócrata. Y si eres republicano, aparentemente estás obligado a aceptar sin cuestionamientos cualquier política migratoria que implemente una administración republicana. Yo no acepto esa lógica.
Soy republicano. Creo firmemente en el Estado de derecho, en la seguridad nacional y en el derecho soberano de Estados Unidos a controlar sus fronteras. Creo que quienes cometen delitos deben enfrentar las consecuencias correspondientes, y que ningún país puede sostener indefinidamente un sistema migratorio irregular sin control alguno.
Pero también soy latino. Soy asilado. Sé personalmente lo que significa dejar atrás un país y comenzar de nuevo. Y mucho antes que cualquier identidad política, soy un ser humano.
Precisamente por eso creo que necesitamos una conversación distinta sobre inmigración.
Un sistema que ha pasado décadas sin repararse
El problema migratorio de Estados Unidos no comenzó con Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama o George W. Bush. Es el resultado de décadas en las que el Congreso no ha logrado aprobar una reforma estructural adecuada a las realidades del siglo XXI.
Una de las últimas grandes transformaciones llegó en 1986, cuando el presidente republicano Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de Inmigración —IRCA, por sus siglas en inglés—.
Vale la pena recordar qué hizo realmente esa reforma.
No se limitó a legalizar a los inmigrantes indocumentados. Intentó lograr un equilibrio: permitió la regularización de millones de personas que llevaban años viviendo en Estados Unidos, y al mismo tiempo creó sanciones para los empleadores que contrataran a sabiendas a trabajadores no autorizados, además de fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley migratoria.
Aproximadamente 2,7 millones de personas obtuvieron finalmente la residencia legal a través de los programas que creó esa ley.
Cuatro años después, bajo George H. W. Bush, el Congreso aprobó la Ley de Inmigración de 1990, otra reforma de gran alcance que reorganizó las categorías de inmigración legal, elevó ciertos niveles migratorios y creó, entre otras medidas, el Estatus de Protección Temporal.
Desde entonces, incontables regulaciones han cambiado. La aplicación de la ley ha aumentado. Se han creado programas temporales y se han eliminado otros, las prioridades de deportación se han modificado, los mecanismos de permiso humanitario (parole) se han ampliado y reducido, las políticas de asilo se han modificado, y se han usado órdenes ejecutivas para resolver de manera temporal problemas que el Congreso nunca tuvo intención de resolver de forma permanente.
Pero el sistema no se ha reconstruido. Y ahora estamos pagando el precio.
Más de tres millones de casos pendientes en los tribunales
Hacia finales de junio de 2026, los tribunales de inmigración de Estados Unidos tenían 3.195.137 casos pendientes.
Más revelador aún: 2.310.698 personas dentro de ese rezago ya habían presentado formalmente solicitudes de asilo y seguían esperando una audiencia o una decisión.
Hablamos de millones de personas que viven durante años en un limbo legal.
Según los datos que he revisado, los tiempos de espera promedio rondan los 882 días para los casos migratorios en general, y aproximadamente 1.764 días para quienes esperan la adjudicación de una solicitud de asilo. Casi cinco años.
Y hay solicitantes cuyos casos comenzaron muchos años antes y que siguen pendientes todavía. De hecho, existen casos de asilo pendientes desde 2014: doce años en el limbo.
¿Cómo puede llamarse eficiente a un sistema en el que una persona puede necesitar cinco, ocho o incluso más años para saber si el gobierno considera legítimo su reclamo de protección?
Esto perjudica al inmigrante, pero también perjudica al gobierno. Si un reclamo es fraudulento, el Estado debería poder identificarlo rápidamente. Si una persona representa un peligro para la comunidad, su caso debería resolverse con rapidez.
Pero si una persona huyó genuinamente de la persecución política, la tortura o las amenazas, tampoco debería tener que pasar una década esperando a que Estados Unidos decida si cree su historia.
La justicia retrasada también es una forma de injusticia.
USCIS tampoco funciona como debería
El problema no termina en los tribunales. USCIS, la agencia responsable de administrar gran parte del sistema de beneficios migratorios, cerró el primer trimestre del año fiscal 2026 con aproximadamente 11,3 millones de casos pendientes, un aumento de cerca del 17% respecto al mismo período del año fiscal anterior. El llamado rezago neto —los casos cuya resolución depende esencialmente del control operativo de la agencia— alcanzó aproximadamente 6,3 millones.
No podemos discutir seriamente una política migratoria exitosa contando únicamente cuántas personas fueron detenidas o deportadas. La eficiencia de un gobierno también debe medirse por cuánto tiempo tarda en decir que sí, y cuánto tiempo tarda en decir que no.
Por cuánto tiempo tarda en aprobar una residencia.
Por cuánto tiempo tarda en decidir un caso de asilo.
Por cuánto tiempo tarda en emitir un permiso de trabajo.
Por cuánto tiempo tarda en reunificar a una familia.
Y por cuánto tiempo tarda en expulsar legalmente a alguien que no tiene derecho a permanecer aquí.
La aplicación de la ley no es lo mismo que una reforma
Aquí es donde tengo un desacuerdo importante con la política migratoria de Donald Trump. No cuestiono el principio de la aplicación de la ley; cuestiono la idea de que la aplicación de la ley, por sí sola, pueda presentarse como una política migratoria completa.
Detener a más personas puede mover las estadísticas. Deportar a más personas puede enviar un mensaje disuasorio. Cerrar ciertas vías puede reducir ciertos tipos de ingreso. Pero nada de eso moderniza a USCIS. Nada de eso crea suficientes jueces. Nada de eso simplifica procedimientos absurdamente complejos. Nada de eso establece categorías migratorias adecuadas a las necesidades laborales actuales.
Nada de eso resuelve el destino de los millones de personas que llevan años viviendo, trabajando y pagando impuestos en Estados Unidos.
Y nada de eso sustituye una reforma aprobada democráticamente por el Congreso.
Podemos gastar miles de millones persiguiendo las consecuencias del problema mientras seguimos negándonos a corregir sus causas.
El inmigrante no puede convertirse en el enemigo
Hay también una dimensión de este asunto que me preocupa profundamente. En el debate político contemporáneo, con demasiada frecuencia dejamos de hablar de la inmigración como un fenómeno y empezamos a hablar del inmigrante como una amenaza. Esa distinción importa.
Una persona puede ser indocumentada sin ser delincuente. Un solicitante de asilo no es un delincuente por el simple hecho de haber pedido protección. Un latino que habla español no debería convertirse automáticamente en objeto de sospecha.
Un trabajador que ha pasado quince años criando a hijos estadounidenses no representa necesariamente el mismo riesgo para la seguridad pública que un miembro de una organización criminal. La ley debe distinguir. Nuestras instituciones deben distinguir. Y nosotros, como sociedad, también debemos hacerlo.
Ni fronteras abiertas ni persecución indiscriminada
No creo en las fronteras abiertas.
Tampoco creo en un sistema donde la única respuesta política sea arrestar, detener y deportar a cada vez más personas, mientras la maquinaria administrativa que debería decidir quién puede quedarse y quién debe irse sigue acumulando millones de expedientes.
Necesitamos algo mucho más difícil que un eslogan: necesitamos una reforma migratoria genuina. Una reforma republicana puede perfectamente defender fronteras seguras, acelerar la deportación de delincuentes, combatir el fraude y exigir el cumplimiento de la ley.
Pero también puede ampliar la capacidad de los tribunales, modernizar a USCIS, crear procesos de adjudicación rápidos, proteger genuinamente a quienes huyen de la persecución, desarrollar vías legales ligadas a las necesidades económicas del país, y encontrar soluciones racionales para personas que han sido parte de nuestras comunidades durante décadas.
Ronald Reagan entendió hace cuarenta años que la aplicación de la ley y la regularización no eran necesariamente ideas incompatibles. Su reforma tuvo fallas y claramente no resolvió el problema de manera definitiva. Pero al menos existió la voluntad política de intentar resolverlo por la vía legislativa.
Hoy necesitamos recuperar ese valor. Mi crítica no nace de un rechazo a Donald Trump, ni de ningún cambio en mis convicciones republicanas. Nace precisamente de esas convicciones.
Creo en un gobierno eficiente. Creo en instituciones que funcionan. Creo en fronteras seguras. Creo en el debido proceso. Creo en la responsabilidad individual. Y creo en la dignidad humana.
Soy latino. Soy asilado. Pero antes que cualquiera de esas etiquetas, soy un ser humano, y por eso creo que Estados Unidos puede, y debe, hacerlo mejor. Después de décadas discutiendo sobre quién tiene la culpa, tal vez sea hora de dejar de administrar el fracaso y finalmente comenzar a reformar el sistema.